La Ley catalana del derecho a la vivienda (Llei 18/2007) denomina «dotacional» a un tipo especial de vivienda pública que se puede construir sobre suelos con cualificación urbana y que tiene la función específica de satisfacer, urgente y transitoriamente, las necesidades de determinados colectivos en situación de exclusión residencial. Se trata de personas que requieren acogida o asistencia, como los ancianos, las víctimas de violencia de género, las personas con diversidad funcional, las personas sin hogar, los inmigrantes con un bajo poder adquisitivo y los jóvenes. En Cataluña, las dificultades de la emancipación juvenil tienen efectos muy contraproducentes en el conjunto de la sociedad, como el envejecimiento excesivo de la población en determinados barrios o pueblos, la baja tasa de natalidad o incluso niveles más bajos de innovación y emprendimiento en comparación con otros países europeos. De hecho, en Europa, la media de viviendas asequibles dentro del parque residencial total es del 15%, mientras que en Cataluña apenas se alcanza un 1,5%. Por lo tanto, es urgente promover políticas públicas capaces de acercar a la comunidad a la normalidad europea. Y no sólo se tienen que hacer más viviendas públicas de forma rápida y económica, sino también deben ser de calidad, respetuosas con el medio ambiente y distribuidas de forma equilibrada dentro del tejido urbano para evitar la formación de guetos sociales. Además de la educación pública, la salud pública o el transporte público, la vivienda pública es un instrumento de redistribución de oportunidades que garantiza la cohesión social de un territorio.
El nuevo edificio de viviendas de dotación en Caldes de Montbui no sólo quiere garantizar el derecho a la vivienda de los jóvenes con dificultades de emancipación, sino que también quiere empoderarlos en la toma de decisiones y la obtención de nuevos conocimientos. Por lo tanto, el objetivo es implicarlo en un proceso participativo abierto y democrático que contará con una primera fase de co-diseño arquitectónico, una segunda fase de autoconstrucción asistida y una tercera fase de autogestión en la adjudicación y mantenimiento de los espacios. Con esto en mente, el proyecto arquitectónico que define el edificio es sólo un punto de partida que garantiza su solvencia técnica desde el punto de vista estructural, constructivo y de habitabilidad, pero que está abierto a la intervención de los jóvenes de Caldes, terminando o no siendo usuarios, con el fin de especificar los acabados y usos definidos de los espacios. El proyecto propuesto inicialmente espera que el edificio tenga un total de ocho apartamentos repartidos en tres niveles: dos de ellos en la planta baja, tres en la primera planta y tres más en el segundo piso. Cada apartamento, con una superficie de unos 40 m2, dispone de un salón abierto con cocina y comedor, un dormitorio doble, un vestidor para guardar ropa y un baño adaptado para personas con movilidad reducida. El proyecto también prevé que en la planta baja exista un espacio comunitario multiusos abierto al barrio. Dicho espacio, orientado al sur, se relaciona directamente con un jardín equipado con un porche y un pabellón.
